Las empresas del contratista obtuvieron la mayor parte de las obras en el principal acceso turístico a Benidorm, pero una década después se encuentran plagadas de deficiencias o han sufrido reveses judiciales.
Decir bienvenidos a Benidorm es casi como decir bienvenidos a las obras del contratista Enrique Ortiz. Y no es ninguna exageración. A principios de la década pasada, el controvertido promotor obtuvo del Ayuntamiento numerosas adjudicaciones que debían cambiar la faz del principal acceso turístico al municipio desde la entrada de Levante de la autopista AP-7. Sin embargo, dos lustros después, las actuaciones realizadas por las diversas empresas de Ortiz se encuentran en la mayoría de los casos plagadas de deficiencias, aún inacabadas o atenazadas por reveses judiciales. La decisión de la Policía Judicial de acudir el pasado miércoles al edificio consistorial para llevarse numerosos documentos relacionadas con la construcción de dos rotondas que el promotor podría haber cobrado dos veces vuelve a poner en tela de juicio la herencia que el empresario alicantino deja a la ciudad. Porque esa herencia es hoy en día contemplada por los millones de turistas que cada año llegan a la capital de la Costa Blanca.
AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA
300.000 vehículos en agosto por una avenida aún sin finalizar
En febrero de 2001, el gobierno del entonces alcalde, Vicente Pérez Devesa (PP), aprobó el proyecto de urbanización de la avenida Comunidad Europea, el vial propiamente dicho por el que los automóviles que llegan desde la autopista -sólo 300.000 durante agosto del pasado año- transitan hacia las playas y hoteles de Benidorm. Con un presupuesto total de 5,4 millones de euros, fue la empresa Enrique Ortiz e Hijos la encargada de realizar como contratista esa obra, que debería haberse finalizado al menos hace tres años. Aún no lo está. Su capa de asfalto provisional dificulta el tráfico y tiene deficiencias en infraestructuras y jardinerías. Y claro, cada verano, se repite la polémica por su estado. Tras el último, el alcalde, el socialista Agustín Navarro, anunció que exigiría a Ortiz que la avenida estuviera acabada en 2013. Antes que él, hasta tres concejales de Urbanismo (del PP y del PSOE) lo han intentado sin éxito.
LAS ROTONDAS
El objeto del nuevo pulso judicial ya no lanza agua ni se enciende
En esa avenida se encuentran dos pomposas rotondas que han sido el principal objeto de la polémica judicial de los últimos días. Como el resto del vial, debían en un principio haberse financiado con las cargas de los propietarios del Polígono Industrial (del que otra empresa participada por Ortiz es agente urbanizador y a la que volveremos más tarde) por un coste de 313.000 euros. Pero entonces no se hicieron. En 2009, el gobierno del PP -ya bajo Manuel Pérez Fenoll- adjudicó su construcción por 1,2 millones con cargo a la primera fase del Plan E. Y entonces sí que se hicieron. Incluían surtidores de agua y señales lumínicas para engrandecer la estética de la entrada a la ciudad y de cuyo mantenimiento al principio debía encargarse Ortiz, aunque después se le liberó de esa obligación a cambio de que realizara otra infraestructura en la zona. Ahora, por el agua y de la luz debía velar el Ayuntamiento. Pero hace ya meses que ni va el agua ni va la luz. El problema, según señalaron fuentes municipales, es que el mantenimiento era demasiado caro -90.000 euros anuales- y ahora se ha preferido mantener en marcha los surtidores y la iluminación sólo durante los cinco meses más turísticos, con lo que la inversión se ha reducido a 17.000 euros. Eso sí, el resto del año, las glorietas están apagadas y están secas, con la consiguiente pérdida de imagen para el municipio.
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Un edificio fuera de ordenación tras una sentencia del Supremo
Si un automóvil sale del peaje y tuerce por la derecha en la primera rotonda antes nombrada se encontrará con la estación de autobuses. También fue adjudicada a Ortiz. En concreto a una UTE integrada por Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa. Fue en 2002. Funciona desde 2008. Pero no debería hacerlo. Una sentencia del Tribunal Supremo, que viene a ratificar una anterior del TSJ, la ha dejado fuera de ordenación al invalidar un acuerdo del pleno asumido en solitario por el PP en 2003 que permitió a Ortiz incrementar la zona comercial de 500 a 10.000 m2. El juez consideró que ese cambio violaba el proceso de adjudicación. Ahora el Ayuntamiento, gestionado por PSOE y CDL, ya ha anunciado que la terminal deberá volver a salir a concurso. Y que Ortiz podría perder la gestión de la misma si se presentan otros candidatos.
POLÍGONO INDUSTRIAL
El balón de oxígeno para la economía local sigue sin funcionar
La otra joya de la corona situada a la entrada de la ciudad en la órbita de los negocios de Ortiz es el Polígono Industrial. Benidorm suspira por él. En estos tiempos de crisis, considera que supondría un balón de oxígeno para su economía. Pero el recinto aún no se encuentra en funcionamiento aunque debería haberlo hecho en marzo de 2009. Proyectado en la misma época en la que nació todo -2001-, fue adjudicado a Terra Village, una empresa participada por Ortiz, que fue la que firmó el convenio por el que los propietarios del Polígono debían pagar la urbanización de la avenida Comunidad Europea entre otras cargas de urbanización que han ascendido a un total de 26 millones de euros. El gran problema es que falta el enlace norte, vital para el funcionamiento del recinto. El retraso del mismo ha provocado que la empresa Rodamco, que quiere instalar allí un gran centro comercial de 70.000 m2, mantenga con Ortiz un litigio judicial. Otro más.