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Según ha revelado el diario El País, un informe de los inspectores del Banco de España señala que la institución que debe controlar a la Banca española «miró para otro lado» en el proceso de fusión de las Cajas de Ahorros. Afirma que se cancelaron y aplazaron inspecciones. Es decir, acusan que la institución omitió el ejercicio de su responsabilidad, siendo cómplice en las tremendas anomalías que han provocado un agujero en el déficit público y provocado un colapso en el sistema financiero español. Los ciudadanos asisten atónitos a la impunidad con la que actuaron organismos del estado y empresas que han recibido ayuda pública sin que hasta la fecha se hayan ejercitado acciones penales en asuntos que presentan tintes delictivos. En un universo de recortes y privatizaciones, la sensación que se traslada es que esa arbitrariedad establecida entre los sectores más poderosos de la sociedad no va a materializar responsabilidades políticas y consecuencias judiciales. El descontento ciudadano ante este mapa de desigualdades ante la ley no explota solo porque no hay vectores sociales capaces de integrar los distintos focos de indignación. El malestar ciudadano se encuentra con el frontón de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que rechaza una y otra vez la exigencia de transparencia y el ejercicio de responsabilidades. La sociedad española carga su descontento y desafección hacia la forma de ejercer el Gobierno de Rajoy y la prepotencia con la que actúan sus ministros y los responsables de algunas comunidades autónomas con graves perjuicios para los sectores más protegidos de la sociedad. La igualdad ante la ley es uno de los pilares de un estado democrático y de derecho. La percepción de impunidad señala cuotas de desigualdad que no puede digerir una sociedad democrática. Episodios como la concesión discriminada de crédito, la retribución e indemnizaciones de Cajas y Bancos intervenidos a sus directivos sin que hayan funcionado los mecanismos exigibles de control del Banco de España, no pueden quedar sin una investigación exhaustiva y una exigencia de responsabilidades. Si prosiguen episodios de esta impunidad, la sociedad española terminará por perder toda confianza en instituciones y partidos. Lo que está en juego no es solo la calidad de nuestra democracias sino su propio futuro.

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