La sociedad madrileña se ha revuelto como un gato panza arriba para defender uno de los derechos sociales, que no fundamentales, que se recogen en nuestra Constitución, el que recoge en su artículo 43: el derecho a la protección de la salud. Agredida desde hace años por los gobiernos de derecha del Partido Popular se ha visto aún más deteriorada por dos nuevas realidades. La política de austeridad sin prioridades que ha impuesto el presidente Rajoy, y el Plan de Salud que la propia Comunidad de Madrid, a través de Ignacio González, actual presidente de la misma, ha hecho público. Y esto nos está llevando a un cambio de modelo en lo que hasta ahora había sido un rumbo, más o menos compartido, de hacia dónde tenía que caminar la sanidad pública de nuestro país, y por tanto de nuestra región. La Sanidad, tal y como la entendemos, partió de un concepto de sistema de cotizaciones por parte de los trabajadores. Unido al sistema de previsión para la vejez o de pensiones, nos encontramos, en el inicio de nuestra historia más reciente, con el intento de construir un Sistema Nacional de Salud, universal y “gratuito”, de calidad y con espíritu de docencia e investigación. Quiero hacer notar que el paso que se da cuando la financiación de la Sanidad pública queda recogida vía impuestos, es el momento en que mejor engarza con el artículo 43 de la Constitución española. Y, que tras la última modificación de la Ley de Sanidad con el RD-Ley 16/2012, por parte del gobierno nacional del Partido Popular, en el cual realiza claras exclusiones del acceso en condiciones de igualdad a un determinado número de personas, ponemos al modelo de financiación en una contradicción. ¿Cómo es posible que alguien quede excluido o con acceso desigual a un derecho social cuando se financia vía presupuestos generales del Estado, a través de los ingresos impositivos?. ¿A quién le impiden usar las carreteras públicas de nuestro país?. Todas ellas se construyeron y se mantienen con cargo a los presupuestos del estado o de las comunidades autónomas. Y que sepamos no hay ninguna prohibición o discriminación en el acceso a estas infraestructuras. Sin embargo en el ámbito de la Sanidad, el Partido Popular sí que discrimina en un derecho social que ya no debería estar vinculado a la capacidad de la generación o no de una cotización laboral. Es decir, cualquier ciudadano, haya cotizado o no tiene derecho a la Sanidad por sí mismo. Junto a esta merma de derechos, y retroceso en el camino que nos habíamos dado para consolidar un Sistema Nacional de Salud, aquí en Madrid nos encontramos con un escenario que amenaza, más aún, al propio sistema, a la calidad de la prestación sanitaria pública y a la igualdad efectiva en un tema de tanta transcendencia. Este escenario se inició hace años con el incremento de los Convenios de colaboración con entidades sanitarias privadas para la gestión de las listas de espera en Madrid. Y estos convenios se conciertan en detrimento de la mejor gestión de los recursos públicos de los hospitales madrileños. Y así, dinero que debería haberse invertido en la sanidad pública, se trasvasaba a la privada, no como mero apoyo puntual o complementario, sino como sustitutivo. Posteriormente, siguió con la creación y puesta en marcha de los últimos hospitales de nuestra Comunidad, con el único objetivo de cambio de modelo de gestión sanitaria, a través de los denominados modelos PFI, en los que la asistencia sanitaria queda en manos de la propia Comunidad de Madrid, y modelos PPP, en los que la asistencia sanitaria es completamente privada. Y este ataque a la sanidad pública fue posible al apoyarse en dos elementos: El primero legal, la aprobación de la Ley 15/1997 permitía introducir nuevas formas de gestión sanitaria que la hicieran más flexible; pero ahí se colaron junto a las formas de gestión pública más flexibles, fórmulas de privatización de la gestión sanitaria. El segundo fue la mayor operación de marketing electoral que se ha visto en la Comunidad de Madrid. La revolución sanitaria, que la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre vendió a los madrileños. Una revolución sanitaria que ponía un hospital en la puerta de tu casa. Pero como cualquier campaña de marketing, ésta no se detuvo a explicar los peligros que la introducción de la gestión privada, en un derecho público como el de la salud, podría suponer. El marketing político ganó al interés general de la ciudadanía madrileña. Si analizamos lo anterior, aquí hay que asumir dos errores. Uno el de la modificación de la Ley en el año 1.997 sin preveer que no todos gobiernan con los mismos valores. Al Partido Popular la sanidad pública le parece que es tan pública si la gestiona la administración que si la gestiona grupos empresariales, ya que nunca la ha entendido como un derecho, sino como un servicio. Dos, que algunos gobiernos municipales socialistas de Madrid cayeron en la trampa de lo inmediato y aceptaron poner suelo público para un tipo de hospitales que ya comenzaron en ese momento a cambiar el modelo público de Salud. Asistimos ahora a una segunda fase de esta revolución sanitaria, a grandes trazos; un recorte sin precedentes, la gran farsa del área única, la conversión de los hospitales PFI en asistencia completamente privada, y la privatización de centros de atención primaria, todo una enmienda a la totalidad al modelo que nuestra sociedad ha construido en los últimos treinta años. Y así estamos a día de hoy, ante uno de los mayores desafíos a los que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid se han enfrentado. Es un desafío ideológico y estructural, y es un desafío ante el que la sociedad civil y los socialistas no podemos ceder. La pregunta es ¿qué podemos hacer?. Ante todo no nos dejemos engañar. Hay alternativa. Primero; concitemos un gran pacto ciudadano para la defensa de un pilar fundamental de nuestra sociedad como es la Sanidad. Segundo, consolidar la planteada modificación de la Constitución, otorgando a la Sanidad la categoría de derecho fundamental. Tercero, introduzcamos cambios en las opciones de la gestión sanitaria. Esto conlleva la modificación de la Ley 15/1997 en el que devolvamos la gestión privada en el SNS al espíritu inicial de la Ley General de Sanidad. Cuarta, mejoremos la calidad y la organización de los recursos sanitarios, planteando una reasignación de los presupuestos públicos para la sanidad privada hacia la mejora en la sanidad pública. Quinto, realicemos un planteamiento serio de recuperación no sólo de los hospitales PPP de nuestra Comunidad, sino también de los PFI. Unos como otros son la puerta de entrada del cambio de modelo. Sexto, avancemos en la implicación de los colectivos profesionales y de la ciudadanía en la participación de las decisiones públicas en el ámbito de la Salud. Porque la sanidad pública de Madrid está a las puertas de consolidar un cambio irreversible; parar las medidas, que el Gobierno regional del Partido Popular piensa aplicar, debe ser nuestra prioridad.
