El ayuntamiento permite ahora a los propietarios el pago con terrenos para que queden exentos del abono de las cuotas de urbanización.
El Ayuntamiento de Gandia ha decidido dar todas las facilidades posibles a los propietarios de un polígono de 174.412 metros cuadrados situado en la playa con el fin de poder urbanizar ese espacio para destinarlo a equipamientos privados. La zona, delimitada por la carretera Nazaret-Oliva, la Sèquia de l´Ahuir y el Assagador de Morant, está llamada a albergar locales de ocio nocturno que ahora causan problemas a los vecinos por el ruido que generan sus clientes.
Esta zona de equipamientos privados ya intentó desarrollarse durante la última legislatura, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tumbó todo el proceso y obligó al consistorio a reiniciarlo.
El nuevo Gobierno local del PP mantiene la intención de urbanizar ese gran polígono, pero consciente de las dificultades económicas que ahora presenta una inversión de decenas de millones de euros a cuenta de los propietarios, ha decidido suavizar las condiciones para hacerlo más atractivo.
Así, por una parte se mantiene la decisión tomada hace años para que los propietarios de las futuras parcelas puedan destinar a la construcción de edificios hasta un 45 % de la superficie, que antes se había fijado sólo en el 20 %. También sigue vigente el incremento de la edificabilidad, que se duplicó para hacer más rentable el futuro suelo urbano.
A propuesta del Gobierno local del PP ahora se ha añadido la posibilidad de que los propietarios, muchos de los cuales serán reacios a abonar el dinero necesario para las obras de urbanización, puedan pagar esa cuota con la cesión de suelo al ayuntamiento.
En concreto, el proyecto aprobado el pasado mes de diciembre por el pleno establece que se podrá entregar el 49 % de la superficie para quedar exentos de pagar cuotas de urbanización.
En principio eso aleja las posibles alegaciones en contra de desarrollar la gran urbanización, pero presenta un problema al ayuntamiento, que, como promotor del proyecto, deberá gestionar la venta de los terrenos cedidos para poder financiar una actuación tan costosa. A la vista de las dificultades de que ahora haya compradores de suelo urbanizable, el ayuntamiento ya ha sido previsor y se da mucho tiempo. La gestión de esta urbanización empieza ahora, pero el plazo de ejecución de las obras se ha fijado entre dos y cuatro años, tiempo durante el cual la crisis puede empezar a escampar y los inversores se interesen establecer nuevos negocios.